Organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de personas desaparecidas, académicos y activistas pidieron a la Asamblea General de Naciones Unidas establecer un mecanismo eficaz para esclarecer la verdad, proporcionar asistencia y protección a las familias que buscan a sus seres queridos, así como intervenir ante la crisis de desapariciones que enfrenta México y respaldar la construcción de de dicha estrategia internacional de cooperación para atenderla.
En una carta dirigida a la Organización de las Naciones Unidas, dichas asociaciones solicitaron que el caso de México sea abordado durante el próximo periodo de sesiones de la Asamblea General, particularmente en la Tercera Comisión, a partir de la decisión del Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de activar, por primera vez, el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
"Organizaciones de la sociedad civil, colectivos de familiares de personas desaparecidas, así como personas expertas y académicas, pretendemos proporcionar información a su Misión Permanente sobre la gravedad de la crisis de desapariciones en México, que sirva de insumo para el diálogo bilateral con el gobierno mexicano", comentó en la carta.
Recordó que el CED determinó que existen "indicios bien fundados" de que las desapariciones forzadas se han perpetrado y continúan en México como posibles crímenes de lesa humanidad, mediante ataques generalizados o sistemáticos contra población civil.
Foto: Cuartoscuro
La resolución fue remitida por el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, a los Estados miembros mediante la nota A/80/737, fechada el 12 de mayo de 2026. El asunto está incluido en el punto 71 de la agenda de la Asamblea General, relativo a la promoción y protección de los derechos humanos, y podría ser discutido entre octubre y noviembre próximos.
Recalcaron que México atraviesa una crisis de dimensiones que, rebasa las capacidades institucionales del Estado.
"En México hay más de 135 mil personas desaparecidas y más de 72 mil restos humanos pendientes de identificación forense. Hay una deuda del Estado en materia de verdad, justicia y reparación con las familias de las víctimas y con la sociedad mexicana. A la fecha, las políticas de prevención de las desapariciones han sido insuficientes e ineficaces, por lo que estas van en aumento en 28 de las 32 entidades federativas", destacó.
Ante este escenario, los colectivos consideran que la intervención de Naciones Unidas no debe ser entendida como un juicio contra México, sino como una oportunidad para que el país reciba cooperación técnica, apoyo financiero y asistencia especializada en materia de búsqueda, identificación forense e investigación.
La propuesta plantea que uno o varios Estados lleven el asunto a la Tercera Comisión y promuevan un procedimiento específico para aplicar el artículo 34 de la Convención, debido a que se trata de un mecanismo que, según los firmantes, nunca había sido utilizado y para el cual no existe todavía un procedimiento claro de seguimiento dentro de la Asamblea General.
Las organizaciones proponen que una comisión o una persona experta independiente elabore una propuesta de atención, en consulta con México, los Estados parte de la Convención, especialistas, el Comité contra la Desaparición Forzada y los colectivos de familiares.
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Posteriormente, plantean que la Tercera Comisión adopte dicha propuesta y destine recursos suficientes para su implementación, además de establecer mecanismos de participación, supervisión y evaluación con intervención de familiares de personas desaparecidas y organizaciones de la sociedad civil.
Los firmantes también llamaron a los Estados considerados amigos de México a abrir un diálogo bilateral con el gobierno mexicano para impulsar una postura colaborativa y evitar que el procedimiento sea interpretado como un ataque político.
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La solicitud ocurre después de que el gobierno mexicano ha manifestado su desacuerdo con la activación del artículo 34 y ha rechazado la presunción de que exista una práctica generalizada y sistemática de desaparición forzada en el territorio nacional.
Para los colectivos, sin embargo, el proceso representa una oportunidad para enfrentar una crisis que, sostienen, requiere mecanismos extraordinarios y cooperación internacional.