Al menos en el trazo grueso, el histórico acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela se plantea como una apuesta promisoria para los ciudadanos de ambos países. Pero el dicho sostiene que el diablo está en los detalles, que aún no se conocen, y en la evolución de la situación política de la nación sudamericana y acaso en su misma historia.
La explotación del petróleo, que ha llegado a aportar el 96 % de las divisas extranjeras, apuntaló la transformación de la Venezuela rural del siglo XIX y principios del XX, asolada por las montoneras protagonizadas por caudillos regionales y la falta de un proyecto de unidad nacional, en una sociedad próspera con mando centralizado y una vibrante democracia en la segunda mitad de la pasada centuria. El petróleo es parte del ADN cultural de los venezolanos. Todo cuanto tiene que ver con su destino y explotación se considera como un asunto de supremo interés nacional y así se enseña en la escuela. De ahí la sorpresa ocasionada por el calado del pacto firmado por Washington y Caracas, que se ha desarrollado en la reserva más absoluta.
Un mural alusivo a la industria petrolera se observa en Maracaibo, Venezuela, en febrero de 2026. - MARYORIN MENDEZ/AFP/Getty Images
El anuncio es un golpe de efecto del presidente Donald Trump, quien necesita volver a lo que presenta como logros de su gestión en medio del fiasco de la guerra con Irán, que cumplió seis meses, y el impacto del cierre del estrecho de Ormuz en el alza del precio del combustible. Varias veces Trump ha presumido de que el control que Washington ejerce sobre la venta de crudo venezolano pagó el costo del despliegue militar en el Caribe para derrocar a Nicolás Maduro.
A todos estos mimbres, el presidente estadounidense ahora podría agregar, según sus cálculos, unos 65.000 millones de barriles de petróleo de las reservas probadas de Venezuela, que ascienden a unos 300.000 millones de barriles. "Es el mayor acuerdo petrolero de la historial mundial", escribió Trump en Truth Social en mayúsculas sostenidas el viernes, cuando anunció el pacto antes que el régimen del país sudamericano, como viene siendo costumbre. Y al aumentar la disponibilidad de petróleo, agregó, se reducirá en el largo plazo el precio de los combustibles y no costará un centavo a los contribuyentes estadounidenses.
Trump necesita revertir la sostenida caída de su popularidad desde que volvió a la Casa Blanca en enero de 2025, como muestra la encuesta de encuestas de CNN. Entre el 7 de febrero de 2025 y el pasado 24 de agosto, 63 % de los estadounidenses desaprueban su gestión. Pero el mismo presidente estadounidense reconoció el lunes en el Despacho Oval que este acuerdo con Venezuela no dejará beneficios concretos a los estadounidenses antes de las elecciones intermedias de noviembre, pero espera que los votantes reconozcan los beneficios futuros del pacto.
Al salirle al paso a las grandes dudas generadas por el acuerdo, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dijo el sábado que Venezuela conservaría la propiedad y la soberanía de su petróleo -uno de los vértices de la identidad política del chavismo- mientras utiliza el capital, la tecnología y la capacidad operacional de las inversiones para recuperar su industria, hoy destartalada por años de politización, desinversión, corrupción y los efectos de las sanciones estadounidenses.
El gobierno de Rodríguez recibió fuertes críticas apenas se conoció el anuncio, pero aspira a compensarlo con la promesa de un futuro posible para quienes sufrieron en el terreno la drástica caída de la economía entre 2014 y 2021 y para aquellos que huyeron por falta de oportunidades en medio de la debacle. "Queremos ser una potencia energética, gran productora de petróleo, un exportador importante de gas y gran desarrollo petroquímico", dijo Rodríguez en un discurso transmitido en la televisión estatal.
De igual forma, el comunicado publicado el viernes por el Gobierno venezolano destacaba que Estados Unidos desarrollaría "17 campos estratégicos (…) con una inversión de más de US$ 100.000 millones y más de US$ 209.000 millones en tributos para el Estado". Con esos números aspiran no solo "a la recuperación y modernización" de la industria petrolera, sino al "crecimiento económico" del país.
Desde que, en enero de 2011, el entonces ministro de Petróleo del gobierno de Hugo Chávez, Rafael Ramírez, anunció que el país tenía las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo, especialmente concentradas en la Faja Petrolífera del Orinoco, los gobiernos chavistas no habían logrado convertir esa potencial riqueza en una posibilidad concreta de bienestar.
Pero la pregunta sigue siendo si el acuerdo anunciado el viernes se puede sostener en el tiempo.
En primer lugar, Delcy Rodríguez se mantiene en el poder por una decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, que determinó, en el fallo que apuntaló su designación, que la ausencia de Maduro configuraba "una situación excepcional, atípica y de fuerza mayor no prevista en la Constitución de Venezuela". Por lo tanto, el TSJ se abstuvo de calificar la falta presidencial (temporal o absoluta), una decisión que, de haberse producido, le habría obligado a convocar elecciones este mismo año.
El apoyo de Washington es clave al menos hasta que se cumpla la transición política, la última etapa del plan de tres fases anunciado por el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, que culminaría con la celebración de elecciones libres.
En segundo lugar, muchos observadores piensan que Rodríguez no debería firmar acuerdos de esa envergadura no solo porque su mandato carece de la legitimidad que otorgan los votos, sino porque formaron parte de la gestión que llevó al default a Venezuela. Esa situación y la percepción de que el Gobierno ha resignado su identidad revolucionaria con ese acuerdo, ha puesto en un mismo bando a la disidencia del chavismo y a la oposición más moderada.
"Vergonzoso", escribió en X Manuel Quevedo, expresidente de Petróleos de Venezuela entre 2017 y 2020. "Como es costumbre, sigue siendo la opacidad lo que reina en nuestro país. El triunvirato (en referencia a Delcy Rodríguez, su hermano Jorge, presidente de la Asamblea Nacional, y Diosdado Cabello, ministro del Interior) es opacidad y corrupción… están inhabilitados para comprometer nuestra riqueza y reservas de la nación únicamente con la idea de sostenerse en el poder", publicó en la misma red social el diputado y excandidato presidencial opositor Henrique Capriles. El exministro Ramírez le quiso dar una perspectiva histórica a su comentario en redes sociales: "Este acuerdo pasará a la historia por ser el mayor saqueo a nuestros recursos y convertirnos en colonia norteamericana. Entregaron 65.000 millones de barriles para obtener unos pobres ingresos".
A esos "pobres ingresos" se han referido otros reputados expertos petroleros del país sudamericano. El economista Francisco Monaldi, director del Programa de Energía para América Latina del Instituto Baker de la Universidad Rice, calculó que por cada barril que extraiga Estados Unidos el fisco venezolano recibiría US$ 3,2, una cifra que contrasta con los US$ 19 anunciados por Rodríguez por cada barril de petróleo comercializado.
En todo caso, la diferencia abismal en los cálculos sugiere la falta de información concreta para poder analizar si el Estado venezolano hizo un buen o un mal negocio con Washington. Lo que sí está claro es que para llegar a esa suma de dinero se necesitan inversiones cuantiosas y constantes para extraer el crudo venezolano, que por su viscosidad es más difícil y costoso producir, e incluso un gran acuerdo nacional que lo apuntale. El rechazo manifestado por los formadores de opinión del país sudamericano podría alentar las dudas de las grandes compañías petroleras de Estados Unidos.
Plataformas petroleras en las inmediaciones del lago de Maracaibo, días después de que Estados Unidos flexibilizara las sanciones al sector petrolero venezolano y se abriera la puerta al retorno de empresas estadounidenses. - MARYORIN MENDEZ/AFP/Getty Images
Cuando en enero pasado, seis días después de la captura de Maduro, Trump invitó a las grandes petroleras del país a invertir en Venezuela, varios CEO expresaron sus dudas. El más tajante fue el líder de Exxon Mobil, Darren Woods. Allí contó que sus activos en Venezuela habían sido confiscados en dos ocasiones y que debían existir garantías de inversión duraderas.
Pero a veces en Venezuela ni siquiera ese marco es suficiente. El país tiene la tendencia de modificar las reglas del juego de acuerdo con el inquilino en turno en el poder. Ocurrió al menos en tres ocasiones en 83 años. En 1943, el gobierno del general Isaías Medina Angarita aprobó la primera Ley de Hidrocarburos y sentó las bases para lo que desde la escuela primaria se enseña como el acuerdo del Fifty-Fifty, uno de los hitos de la larga lucha de Venezuela por mantener su soberanía petrolera. El ajuste, posteriormente desarrollado en 1948 en la reforma de la Ley de Impuesto sobre la Renta, establecía que en ningún caso la industria petrolera podía percibir mayores ganancias que las correspondientes al Estado venezolano.
En 1976, el socialdemócrata Carlos Andrés Pérez nacionalizó el petróleo para reservarle al Estado el control absoluto de los hidrocarburos en el subsuelo y crear una estatal petrolera, Petróleos de Venezuela, para explorarlo. Tres décadas después, en 2007, Hugo Chávez, pocos meses después de declarar socialista a su revolución bolivariana, revirtió la apertura petrolera impulsada durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez en la década de 1990, que había permitido elevar la producción petrolera en la época.
Con todos estos antecedentes, ¿alguien puede asegurar que en el futuro no habrá otro político que, cabalgando sobre su enorme popularidad, quiera desconocer estos acuerdos no solo por la forma cómo se firmaron, sino por considerarlos leoninos y lesivos para los intereses nacionales?
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