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Aún en muchas fronteras de América Latina persiste una amenaza latente y a la vez arcaica: vastos campos de minas antipersonales y antivehículos, cultivos de muerte plantados décadas atrás y en medio de conflictos armados, y que hoy motivan enormes esfuerzos para ser eliminados.
A mediados de septiembre, una de estas minas antivehículo, también conocidas como antitanque, plantada en la frontera entre Chile y Perú, estalló luego de ser pisada por una camioneta. Las autoridades aún no confirman si alguien resultó herido, pero el hecho volvió a poner de manifiesto la peligrosidad de regiones de Latinoamérica todavía afectadas por la amenaza de la guerra.
Aún hay 110 millones de minas de todo tipo enterradas en 60 países del mundo, que desde 1999 han producido la muerte de 47.904 personas —dejando además 113.595 heridos—, según el último reporte de Landmine Monitor, una organización no gubernamental que recopila datos sobre estas armas.
Solo en 2024, el último año de registro, hubo 1.945 muertes y 4.325 personas resultaron heridas. Colombia, Chile y Perú fueron los únicos países de la región que reportaron víctimas en el mismo período.
Por el sufrimiento que causan y su afectación indiscriminada entre civiles, las minas antipersonal están prohibidas desde 1997 por el Tratado de Ottawa, ratificado por 133 países en todo el mundo (entre los ausentes figuran Estados Unidos, China y Rusia).
Los firmantes del tratado también se comprometen a desminar sus territorios, aunque la prohibición no afecta a las minas antivehículos, como la que estalló en la frontera entre Chile y Perú.
Soldados colombianos, algunos de ellos víctimas de minas terrestres, esperan el inicio del evento celebrado en el marco del Día Internacional para la Sensibilización contra las Minas Antipersonal en Medellín, el 6 de abril de 2014. - RAUL ARBOLEDA/AFP/AFP via Getty Images
A primera vista, las diferencias entre ambas pueden parecer semánticas. Según el Tratado de Ottawa, una mina antipersonal está "diseñada para detonar ante la presencia, proximidad o contacto de una persona, y que incapacitará, lesionará o matará a una o más personas". Aquellas "diseñadas para detonar por la presencia, proximidad o contacto de un vehículo en lugar de una persona" no entran, entonces, en la prohibición.
En concreto, esto significa que las típicas minas antipersonal están calibradas para ser activadas por el peso de una persona y las antitanque por el peso mucho mayor de un vehículo blindado.
Pero en la práctica, como advierte Human Rights Watch, el uso indiscriminado de minas antivehículo tiene efectos muy similares en la población civil que las minas antipersonal.
El desminado, sin embargo y sean de cualquier tipo, es un trabajo costoso, peligroso y notoriamente difícil: las minas están diseñadas para ser difíciles de hallar.
Y muchos otros países de la región están aún afectados por estos campos minados: además de Colombia, México y Chile, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela y Ecuador también registran territorios contaminados con minas antipersonales, minas improvisadas o municiones de racimo.
Un soldado colombiano, que lleva puesto un casco protector especial, participa en un ejercicio de desactivación de minas terrestres el 29 de enero de 2008, en el municipio de San Francisco, Antioquia. - AFP/AFP/AFP via Getty Images
Un soldado del Batallón de Ingenieros de Desminado Humanitario del Ejército trabaja en un campo minado en Pueblo Rico, Colombia, el 25 de noviembre de 2025. - RAUL ARBOLEDA/AFP/AFP via Getty Images
Argentina se suma a la lista ya que, en virtud de su reclamo de soberanía por las Islas Malvinas, actualmente controladas por el Reino Unido, declara regiones contaminadas en el archipiélago que deben ser desminadas de acuerdo con el Tratado de Ottawa.
Las fronteras de Costa Rica, Nicaragua y Honduras están contaminadas desde el uso de minas en los conflictos armados protagonizados por los tres países en la década de 1980, según Landmine Monitor.
En Guatemala, minas pertenecientes al ejército fueron halladas en poder de bandas criminales.
En tanto, en Colombia, uno de los países latinoamericanos más contaminados por minas, su uso por parte del ejército ocurrió durante el conflicto interno y hasta la firma del Tratado de Ottawa. Las principales guerrillas, como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), también usaron minas antipersonal y artefactos improvisados que hoy siguen escondidos en zonas rurales.
Ecuador plantó grandes cantidades de minas en su frontera con Perú en el contexto de la Guerra del Cenepa en 1995.
Un zapador del ejercito chileno trabaja en un campo minado en Chungara, zona fronteriza entre Chile y Bolivia, el 21 de julio de 2005. - AIZAR RALDES/AFP/AFP via Getty Images
Mientras que Perú usó activamente minas durante su conflicto interno entre 1980 y 1991, al igual que el grupo guerrillero Sendero Luminoso al que combatía.
Venezuela desplegó minas alrededor de bases navales en la década de 1990. Aunque en 2013 alegó haberlas eliminado, el país está también afectado por las minas desplegadas por grupo guerrilleros colombianos en territorios fronterizos.
Durante la guerra de 1982, Argentina plantó unas 20.000 minas en las Islas Malvinas y son las únicas armas de este tipo que el país declara en su territorio, en este caso en disputa con el Reino Unido.
Finalmente, Chile desplegó minas antipersonal en forma masiva en sus fronteras con Argentina, Bolivia y Perú durante períodos de tensiones fronterizas y territoriales entre las décadas de 1970 y 1980. Lo hizo en su desértica frontera norte en Arica y Parinacota y en la lejana y fría región sur de Magallanes.
Desde 2020, el país es uno de los pocos que alega haber retirado todas sus minas antipersonal, aunque quedan minas antitanque en su territorio.
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