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Los visitantes del Museo Nacional de Bogotá, el principal de Colombia, se sorprendieron el jueves 15 de octubre con una escena poco habitual: espacios vacíos en tres salas de exposición, sin indicaciones sobre los motivos ni alusiones a una posible modificación en las colecciones.
Sin embargo, la explicación salió rápidamente a la luz cuando se identificaron cuáles fueron las obras retiradas: más de una treintena de afiches, fotografías y objetos de tres salas, relacionados con la historia de los movimientos feministas y LGBTIQ, las víctimas de la violencia política y el proceso de paz que llevó a la firma de los acuerdos en 2016 entre el Estado y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
Fue un movimiento efectista, que llegó poco después de que el presidente Abelardo de la Espriella, sin referirse directamente al museo, ordenara profundizar lo que califica de "contrarrevolución cultural" para lanzar "una lucha abierta, decidida y patriótica contra el 'wokismo'", un anglicismo empleado con frecuencia por los sectores ultraconservadores para criticar, de manera peyorativa, políticas progresistas, principalmente ligadas a los derechos de las mujeres, a la diversidad sexual o la crisis climática, entre otros aspectos.
Según recoge el medio colombiano 'El Tiempo', la sala más afectada fue 'Hacer sociedad', de donde fueron removidos al menos diez objetos sobre la historia de los movimientos LGBTIQ y feministas. Entre ellos sobresalen la bandera arcoíris donada por la activista Elizabeth Castillo, quien reconoció haber tenido que entrarla "a escondidas" a debates sobre el matrimonio igualitario en el Congreso; un afiche de promoción de la marcha del orgullo de 2006; o documentos de las campañas a favor del aborto y de la no violencia contra las mujeres.
Frente a esa sala, también desapareció un afiche de la campaña presidencial de Bernardo Jaramillo Ossa, candidato de la Unión Patriótica que fue asesinado por grupos paramilitares en Bogotá, el 22 de marzo de 1990; y otro de Carlos Pizarro, excomandante de la guerrilla del M-19 y firmante de paz asesinado en 1990 durante la campaña presidencial de ese año.
Sobre este último, De la Espriella sí hizo una mención explícita durante su discurso del pasado jueves, en el que instó a la ministra de Cultura, Paola Holguín –a quien llamó su "generala"– a retirar de los espacios públicos las representaciones que considera "apología del terrorismo".
Del mismo modo fue desmontado del Museo Nacional todo un muro dedicado a la exposición 'De la Constitución de 1991 al Proceso de Paz de 2016', cuya colección incluía el llamado 'Balígrafo', una pluma elaborada a partir de una bala con la que se firmó el acuerdo de paz en 2016.
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Durante un recorrido por el Museo Nacional el viernes, la agencia AFP constató cómo algunos trabajadores pintaban una de las paredes vacías, minutos antes de que el espacio fuera cerrado al público bajo el argumento de una "renovación" ordenada por la nueva administración, que cuenta con una directora interina.
En los corredores, decenas de visitantes expresaron su malestar por la falta de explicaciones de las autoridades de una institución que reúne buena parte de la memoria histórica, artística y cultural de Colombia.
"Es una afrenta a la sociedad colombiana, es una afrenta a nuestra memoria, a nuestra historia", denunció a AFP Martín Pérez, de 26 años.
Por su parte, John Fredy Rodríguez, un profesor de 34 años que lideraba una visita con estudiantes de periodismo, subrayó que "pueden hacer lo que quieran, pueden hacer cualquier tipo de censura (...) pero la memoria jamás se olvida y siempre va a resistir".
En una publicación de X el 16 de octubre, Paola Holguín defendió el retiro de los más de 30 objetos porque la vocación del museo "no consiste en servir como instrumento de adoctrinamiento político, foco de difusión de versiones sesgadas de nuestra historia, ni mucho menos en medio multiplicador de la agenda gubernamental".
Según la ministra de Cultura, la entidad no puede convertirse en un espacio de "apología al delito o revictimización" y añadió que la medida respondía asimismo a la protección de los menores frente al "acceso a material sensible", sin especificar de qué manera podrían los niños haberse visto afectados por la exposición a los elementos retirados.
Por el contrario, el líder opositor y excandidato presidencial, el izquierdista Iván Cepeda, denunció que De la Espriella "quiere imponerle a la sociedad colombiana qué puede recordar y qué debe olvidar" y recordó que "el Museo Nacional no le pertenece a ningún gobierno", sino "a toda Colombia", por lo que exigió "que las piezas retiradas sean restituidas inmediatamente".
"Lo he venido sosteniendo: estamos ante una peligrosa forma de autoritarismo. Fascismo. Podrán dejar las paredes vacías, pero no podrán borrar nuestra memoria", subrayó.
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Por su parte, la exsenadora María José Pizarro, hija del exguerrillero y excandidato presidencial asesinado Carlos Pizarro, aseguró que, con el retiro de su afiche, "De La Espriella pretende proscribir la figura y el legado de paz de mi padre".
"Ha decidido, como en los tiempos del fascismo paramilitar, asesinarlo nuevamente. Tan equivocado y tan ruin como quienes lo asesinaron, no sabe que nunca podrán matarlo y que, 36 años después, mi padre está más vivo que nunca, y que su intento de proscribirlo solo lo hará más grande", escribió en X.
Según el medio colombiano 'La Silla Vacía', uno de los primeros en informar sobre la retirada de los objetos, la orden de desmontar las exhibiciones provino directamente del Ministerio de Cultura y funcionarios de esa cartera participaron de la selección de los elementos retirados.
Dos empleados del museo, que hablaron en condición de anonimato por temor a represalias, le indicaron a ese portal que la decisión se tomó sin pasar por los comités curatoriales del Museo, como es el procedimiento habitual.
Elkin Rubiano, director del programa de Historia del Arte de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, manifestó a 'El Tiempo' que "el episodio es preocupante por varias razones", entre ellas, "la intervención directa del poder político sobre una curaduría institucional", la "rapidez con la que se ejecutó la decisión" y la aparente vulneración de "normas que regulan la actividad de los museos, la protección del patrimonio y las competencias de los funcionarios públicos".
Para el experto en arte, "el problema no es que una sala pueda transformarse, sino cómo, por qué y bajo qué procedimientos se transforma".
"Una revisión curatorial requiere investigación, argumentos, deliberación profesional y una justificación pública. Nada de esto puede sustituirse por la inconformidad de un gobernante frente a determinados personajes o acontecimientos históricos", subrayó Rubiano, quien recordó que la sala 'Hacer sociedad' no fue "una exposición improvisada", sino que su guion fue revisado en 2019 durante el gobierno del derechista Iván Duque con la participación de cuatro comités curatoriales.
"Esto permite descartar, de entrada, la idea de que se trataba simplemente de una exposición diseñada para promover los intereses del gobierno anterior. Era el resultado de un proceso de investigación, selección y construcción de un relato museológico que había atravesado distintas administraciones", remarcó.
Esto revela, una vez más, la tensión latente entre las competencias de los gobiernos en la toma de decisiones sobre las instituciones estatales y las normas que buscan evitar la censura ideológica en los espacios públicos.
'El Tiempo' recuerda que la Ley General de Cultura del país establece que "en ningún caso el Estado ejercerá censura sobre la forma y el contenido ideológico y artístico de las realizaciones y proyectos culturales", mientras que la Corte Constitucional sentó precedente con un fallo judicial de 2015 sobre la exposición 'Mujeres ocultas' del Museo Santa Clara, en el que defendió la libertad de expresión artística frente a quienes pretendían prohibir la muestra por considerarla ofensiva para sus creencias religiosas.
El temor es que medidas similares puedan adoptarse en otros centros culturales públicos, sobre todo porque Holguín señaló que "la museología y la curaduría de los distintos espacios a cargo del Ministerio están siendo evaluados y rediseñados".
La desaparición de los más de 30 objetos del Museo Nacional –de los que no se han brindado detalles sobre dónde se encuentran o cómo se garantizará su preservación– es solo una acción de varias que el gobierno de Abelardo de la Espriella ha implementado o pretende llevar a cabo en su "lucha contra el 'wokismo', tildado por el presidente colombiano como "uno de los grandes cánceres que amenazan la unidad nacional".
Su presentación del pasado jueves tuvo, de hecho, el eje central de anunciar su intención de cambiar el nombre del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes –para lo cual necesitaría aprobar un nuevo proyecto de ley en el Congreso–, una designación llevada a cabo por el Ejecutivo de Gustavo Petro con el espíritu de reconocer la multiculturalidad del pueblo colombiano.
Para De la Espriella, ese argumento era "falso" y se utilizó, según su parecer, para "fragmentar conceptualmente la cultura"; a la vez que instó a renombrar la cartera como Ministerio de Cultura y Patrimonio, una palabra cuya incorporación, dijo el mandatario ultraderechista, "es un golpe directo al 'wokismo' y a la ideologización de la cultura".
El presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, hace un gesto junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en el complejo militar Batallón Paraíso en Barranquilla, Colombia, el 8 de septiembre de 2026.
Irónicamente, apeló de inmediato a una postura ideológica para justificar su decisión: "El Estado tiene el deber moral insoslayable y político de impedir que los espacios culturales sean captados por el socialcomunismo ateo y enemigo de los valores".
Otras decisiones controvertidas en este contexto incluyen fuertes recortes presupuestarios para el Ministerio de Cultura (de casi un 30% para 2027, según el proyecto de ley de presupuesto) y otras entidades públicas del sector o nombramientos al frente de instituciones culturales de personalidades con dudosas credenciales para la labor.
Es el caso de Sergio Esteban Vélez, el nuevo director del Instituto Caro y Cuervo —centro colombiano de altos estudios en literatura, filología y lingüística del idioma español y las lenguas nativas de Colombia—, quien ha utilizado las redes sociales públicas de la entidad para expresar posturas personales, morales y religiosas sobre escritores, lo que motivó el repudio de más de 100 egresados de la institución.
La incorporación de la noción de una "batalla cultural" contra la cultura 'woke' no es novedosa, sino que sigue a rajatabla el manual de las derechas reaccionarias y las ultraderechas globales, así como la línea de otros gobiernos derechistas de América Latina, alineados estrechamente con la administración estadounidense de Donald Trump.
Según analistas, se trata de una estrategia que fácilmente moviliza a su base electoral contra un supuesto enemigo y permite mostrar a sus líderes como gestores de decisiones duras, invisibilizando la falta de respuestas a temas más urgentes.
En el poder desde hace dos meses, De la Espriella ha hecho gala de un liderazgo personalista y populista similar al de mandatarios regionales como Nayib Bukele o Javier Milei, y ha sido cuestionado por sus frecuentes alusiones a Cristo –que sus críticos denuncian como una violación de la secularidad del Estado colombiano–, el uso de imágenes religiosas en eventos públicos y declaraciones contra derechos protegidos por la Constitución como el aborto.
Con EFE, AFP y medios locales