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El presidente salvadoreño, Nayib Bukele, ha presentado un plan que podría permitir la puesta en libertad anticipada y condicional de hasta la mitad de las personas detenidas bajo el estado de emergencia que las autoridades utilizaron para arrestar a más de 90 000 personas en los últimos cuatro años y medio, como parte de un esfuerzo por frenar la actividad violenta de las bandas criminales.
El plan de Bukele para reducir la población carcelaria se anunció el martes por la noche. Se centraría en poner en libertad a los presos considerados colaboradores de las bandas, un término amplio que puede abarcar a diversas personas, como los vigías de las bandas y quienes pagan las extorsiones.
«Hay mucha gente que, efectivamente, ha cometido delitos, pero su delito fue colaborar con las bandas», dijo Bukele. «Se merecen estar en la cárcel, pero venimos de un país en el que colaborar con las bandas no era tan raro, y si detuviéramos a todos los que han colaborado con ellas, tendríamos que detener al 20 % de la población».
Sin dar más detalles, el presidente ha dicho que las autoridades tienen pensado analizar los casos para ver si se puede conceder la libertad anticipada con supervisión, lo que podría afectar a la mitad de las personas detenidas durante el estado de emergencia.
El estado de emergencia se declaró en marzo de 2022 después de que un repunte de la violencia dejara más de 60 muertos en un solo día. La medida se impuso inicialmente por 30 días, pero se ha ido prorrogando varias veces.
La declaración del estado de emergencia ha coincidido con un descenso drástico de la tasa de homicidios en el país y ha contribuido a que El Salvador se convierta en un destino turístico más atractivo, aunque también ha supuesto la suspensión o restricción de ciertas garantías constitucionales, como el derecho a ser informado de los motivos de la detención, el derecho a acceder a asistencia letrada y el derecho a recibir visitas.
El presidente de El Salvador ha afirmado que la medida era necesaria para frenar a las bandas rivales MS-13 y Barrio 18.
Por su parte, las organizaciones de derechos humanos han denunciado la declaración del estado de emergencia, alegando que ha dado lugar a detenciones arbitrarias generalizadas. Estas organizaciones han exigido en repetidas ocasiones que Bukele revoque la medida.
La declaración de estado de emergencia del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, suspendió o restringió ciertas garantías constitucionales, entre ellas el derecho a que se te informen los motivos de la detención, el derecho a contar con asistencia letrada y el derecho a recibir visitas.
Las organizaciones de derechos humanos han registrado más de 6.000 denuncias durante el estado de emergencia y han documentado la muerte de al menos 575 personas bajo custodia del Gobierno.
Hay quien sostiene que la posible puesta en libertad de miles de presos no basta para reparar el daño causado por su prolongado encarcelamiento.
«Las víctimas de detenciones arbitrarias no solo merecen recuperar su libertad, sino que también merecen una indemnización por los daños causados por el Estado de El Salvador: el daño físico y psicológico que supone el encarcelamiento, el sufrimiento familiar, la pérdida del trabajo o de los estudios, el daño a la reputación, entre otros», escribió en X la abogada salvadoreña exiliada Bertha Deleón.
Bukele hizo caso omiso de las críticas generalizadas de los grupos de derechos humanos nacionales e internacionales, y sugirió que deberían ponerse del lado de las víctimas de la violencia de las bandas.
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Las organizaciones de derechos humanos han denunciado el estado de emergencia, alegando que ha dado lugar a detenciones arbitrarias generalizadas.
El presidente también defendió la necesidad de mantener el estado de emergencia, aunque al mismo tiempo dejó claro que su objetivo es levantarlo en algún momento.
La tasa de homicidios de El Salvador ha bajado de forma espectacular en la última década, incluso durante la presidencia de Bukele, según las cifras del Gobierno. La tasa pasó de un máximo de más de 100 asesinatos por cada 100 000 habitantes en 2015 —cuatro años antes de que Bukele asumiera el cargo— a 1,3 por cada 100 000 en 2025.
Pero el Gobierno ha restringido la definición de homicidio para excluir las muertes a manos de la policía, los asesinatos en las cárceles y los cadáveres hallados en fosas comunes.
The Associated Press en este reportaje.
Fuente del artículo original: Bukele, de El Salvador, anuncia un plan para liberar hasta la mitad de los presos encarcelados en la campaña contra las bandas