La oposición plantea un primer desafío a De la Espriella en las calles de Colombia

A poco más de dos meses en el poder, el presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, enfrenta este miércoles la primera marcha en contra de las políticas de su Gobierno, convocadas por sectores de la oposición, centrales obreras y estudiantes. En las principales ciudades capitales se realizarán manifestaciones que buscan, según los organizadores, defender el salario mínimo vital, protestar contra el proyecto del estatuto antiterrorista y las políticas económicas y sociales de la administración de ultraderecha del nuevo mandatario.

"Van contra el salario mínimo vital a partir del primero de enero, va a ser mucho menor de lo que hoy tenemos. Va, y ya está subiendo el precio de los alimentos: de la papa, de la carne, del tomate, de la zanahoria. Si baja el salario mínimo real, que es la combinación entre el precio de los alimentos y lo poco que pueda subir el año entrante el salario nominal, lo que tenemos es una caída en el nivel de vida de todos los colombianos y eso lleva a incremento de la pobreza, al hambre y al quiebre de empresas", sostuvo el expresidente de izquierda Gustavo Petro en un video en sus redes sociales oficiales, al invitar a sus seguidores a salir a las calles.

La jornada se realiza en medio de tensiones políticas por un decreto del Gobierno que busca regular las protestas sociales para evitar vandalismo, violencia y desmanes en las manifestaciones.

"Ni un derecho menos para quien proteste en paz, ni un espacio más para quien destruye y hace terrorismo urbano. Durante años se dejó que el bloqueo parara la comida, la medicina, la vida, el trabajo. Y a eso erróneamente se le llamó derecho", advirtió De la Espriella en una alocución al país en la noche del lunes. "Que lo sepa todo el mundo: eso no es ningún derecho, es irresponsabilidad. Y en mi gobierno se acaba. Se protege, como debe ser, la marcha pacífica, el diálogo es la regla, la fuerza pública no se mete con quien marcha sin agredir. Nunca más un bloqueo permanente de una carretera".

Algunos analistas sostienen que las marchas han sido convocadas de manera prematura y en medio del inicio de la reconstrucción por los destrozos generados por el sismo del pasado 10 de agosto.

"Sin duda hay intereses políticos de cara a las elecciones regionales del 2027 donde se elegirán gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y ediles en todo el país. La oposición quiere calentar las calles a menos de 100 días de mandato cuando aún no hay suficientes elementos para evaluar la gestión de Abelardo de La Espriella", dijo a CNN el analista político y columnista Álvaro Ayala.

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Sindicatos como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y la Federación Colombiana de Educadores (FECODE) hacen parte de quienes expresaran sus peticiones en las calles al Gobierno.

"El salario de las y los trabajadores no es un privilegio: es un derecho. Defendemos una remuneración digna, mínima y vital, que permita a las familias trabajadoras vivir con dignidad y proteger su poder adquisitivo", sostienen los directivos de la CUT en la invitación a sus afiliados para participar de la jornada de protesta. Y añaden: "El artículo 53 de la Constitución establece la protección especial al trabajo y la garantía de una remuneración mínima, vital y móvil. ¡La dignidad no se negocia!".

Ante las críticas de varios sectores de izquierda por el decreto que regula las protestas, congresistas de la coalición de Gobierno sostienen que no se están recortando derechos para quienes quieren manifestarse pacíficamente, que lo que busca la medida es garantizar la seguridad de quienes no participan de las marchas, de sus bienes y de garantizar la libre movilidad de las personas en todo el territorio nacional.

"La izquierda miente cuando dice que @ABDELAESPRIELLA y @Rodrigo_Lara_ quieren acabar con el derecho de protesta por el proyecto de decreto que actualiza el protocolo de intervención. Lo que busca el nuevo decreto es proteger la protesta pacífica, los derechos de los ciudadanos y tener reglas claras para la aplicación del diálogo", escribió Daniel Briceño, representante a la Cámara por el partido de derecha Centro Democrático, en sus redes sociales.

Otra iniciativa del presidente De la Espriella que ha causado controversia, y que la izquierda incluye en las razones de la protesta de este miércoles, es el llamado estatuto antiterrorista que el Gobierno presentará para su estudio al Congreso de la República.

"He expresado mi preocupación especialmente por el llamado 'estatuto antiterrorista' y por el riesgo de que sus disposiciones acaben con la democracia e inauguren prácticas dictatoriales y crímenes de Estado. Colombia ha recorrido un largo camino en el reconocimiento de derechos. Ese camino no puede retroceder", expresó Iván Cepeda, senador del partido de izquierda Pacto Histórico y excandidato presidencial por ese mismo movimiento, en un video en sus redes sociales.

El ministro del Interior de Colombia, Rodrigo Lara, y el ministro de Justicia, Iván Cancino, los funcionarios que lideran la propuesta, sostienen que lo que se busca es actualizar la política criminal en Colombia para tener nuevas herramientas en la lucha contra los grupos armados ilegales y establecer penas para nuevos delitos, como el uso de drones para atacar a la fuerza pública y la población civil.

"Los únicos que deben temerlo son las organizaciones terroristas. Ningún expresidente, ningún partido y mucho menos quien ejerza la oposición o un derecho político tiene nada que temer", afirmó Lara ante los cuestionamientos que ha recibido el proyecto de ley. Y agregó: "Lo que presentaremos al Congreso será una herramienta firme y extraordinaria para proteger a los colombianos y hacer que la ley rija en todo el territorio".

De la Espriella ha ratificado su política de mano dura contra los grupos violentos, y con estas dos iniciativas busca aumentar las penas contra quienes violen la ley y pongan en riesgo la vida de civiles o de miembros de las fuerzas armadas. "Crea esta ley una lista de organizaciones terroristas, permite congelar bienes, cortar la contratación con el Estado y pone penas al uso de drones para atacar a la gente y a la fuerza pública y, por supuesto, castiga como debe ser la asonada contra nuestra fuerza pública", dijo De La Espriella el lunes al defender la iniciativa que deberá aprobar o hundir el Congreso. "También abre una puerta: quien entregue información efectiva antes de la acusación puede reducir su pena substancialmente. El que financió el terror con narcotráfico o con minería ilegal ya no se esconde detrás de un nombre político".

Las marchas planeadas para el 14 de octubre de los sectores de oposición podrían ser las primeras de muchas durante el mandato de cuatro años de De la Espriella. En un país dividido y polarizado entre sectores de derecha e izquierda, en constate enfrentamiento político amplificado por las redes sociales, las calles se convierten en un termómetro y un campo de batalla para el fortalecimiento o debilitamiento de cualquiera de los dos lados.

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