"El que sabe adular, también sabe calumniar", Napoleón Bonaparte
En el México de hoy se invierten fuertes cantidades de capital creativo para diseñar ingeniosos eufemismos, publicar medias verdades e insertar en la opinión pública tantas posverdades como sea posible. Guerra cognitiva y posicionamiento de narrativas, en otras palabras, cataratas de mentiras y falacias, fuegos artificiales y bengalas que sirven para entronar a alguien o en la mayoría de los casos, distraer a la ciudadanía para evitar que sensibilice la magnitud y alcance de los escándalos de violencia, corrupción, ineptitud, impunidad y abuso del poder que diariamente se logran ver en las noticias. Por otra parte, pudiera parecer que sicofante es algún personaje épico de la Odisea, ahora que está de moda, pero en lo único que coinciden es en su origen griego: Sykophantes (denunciante o delator profesional que actuaba en razón de un chantaje o en espera de recompensa); aunque vale decir que actualmente, esta palabra tiene más acepciones como sinónimo de impostor, adulador o calumniador; en cualquiera de los casos no se trata precisamente de un halago.
Así las cosas, habiendo sido un sobrino credencializado del Tío Gamboín, televidente cautivo de los espacios de su "servicio a la comunidad", y ante la angustia que han de sufrir tantos distinguidos políticos, respetables empresarios y disruptivos bisneros; es que considero oportuno brindar esta información en espera de que sea de interés, en el entendido de que, lo más recomendable es que dependiendo del asunto (s) de que se trate, acudan a la (s) ventanilla (s) para la (s) que hayan sacado boleto con las autoridades norteamericanas en donde seguramente, sus officers de buen talante despejarán cualquier duda y orientarán en pasos a seguir. Ojo, como en el IMSS o el SAT, para un mismo trámite probablemente sea necesario formarse en distintas filas antes de concluirlo.
Si partimos de la base de que la estructura jurídico-política de los Estados Unidos, es auténticamente la de una federación, es congruente ver como existen diferencias legales importantes entre las 50 entidades que conforman la unión americana. Pero no sólo eso, también es notoria la tendencia a la desconcentración de facultades aún entre autoridades del mismo orden de gobierno, inclusive el federal. Bajo ese tenor, tiende a pensarse que basta con platicar con el Federal Bureau of Investigation (FBI) o la Securities and Exchange Commission (SEC) para resolver cierto tema pendiente en ese país, lo cual en ciertos casos puede ser así, pero en otros no necesariamente. Las jurisdicciones y competencias de las autoridades están acotadas, pero hay casos en los que la multicausalidad de las conductas sancionables implica la participación de dos o más autoridades. Particularmente, en los temas combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD) con énfasis en el riesgo de países como el nuestro, se han concertado recientemente convenios de coordinación y grupos de trabajo interinstitucional entre las diferentes agencias.
Por otra parte, producto de sus antecedentes históricos, ética protestante y visión pragmática utilitarista, es muy común que cuenten con herramientas normativas que premian a los que delatan o denuncian (whistleblower program), mediante incentivos que pueden ser económicos, atenuantes/eximentes de la propia responsabilidad y en ciertos casos especiales, privilegios de testigo protegido (WPP o WITSEC). Haciendo a un lado las consideraciones que pueda haber al respecto, incluyendo la certidumbre de que tales modelos pasen pruebas deontológicas estrictas, la realidad es así y esas son sus reglas del juego; por ello veamos a algunos de sus principales jugadores:
La ya referida SEC, informa en su último reporte publicado correspondiente al ejercicio 2024 (el de 2025 está próximo a ser difundido), que a cambio de la información recibida de los delatores y que fue útil para sancionar conductas indebidas e imponer multas multimillonarias, pagó en ese año a 47 de estos buenos hombres USD$255 millones. De igual manera, la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) reporta para el mismo 2024, que pagó alrededor de USD$42 millones a 15 amables caballeros (o damas) cuyos informes sirvieron para apresar o sancionar económicamente a sus exjefes, socios o clientes. El Departamento de Justicia (DoJ), en ejercicio de la False Claims Act, ley de whistleblowing de 1863, que regula las denuncias presentadas por la ciudadanía en contra de otros ciudadanos cuando el delator (Relator) sabe que hubo algún tipo de fraude contra el gobierno en reclamaciones por contratos, medicare, defensa, infraestructura, etc., y aquí el bonus para el acomedido ciudadano es de entre el 15% y el 30% de lo que logre efectivamente recuperar el gobierno a causa directa de su indiscresión, cuyo monto promedio anual anda entre los USD$2,000-3,000 millones. Lo mismo sucede con el Internal Revenue Service (IRS) equivalente del SAT mexicano, y por supuesto con el Financial Crime Enforcement Network (FinCEN) que está estrenando su programa de soplones del sistema financiero en consistencia con la legislación antilavado de dinero, bancaria y otras. La lista es larga e incluye autoridades de competencia económica, laborales, etc. Dato al margen, la Inquisición Española que fue la más radical en sus métodos investigatorios e inculpatorios, usuaria frecuente de este tipo de medidas, concluyó en 1834.
Es menester enfatizar que aún siendo filas en las que habría que formarse, no son las de las tortillas; aunque traigan para pagar no todos lograrán los beneficios, sólo los primeros que lleguen y que aporten suficiente información substancial para que efectivamente las autoridades logren sus objetivos. Todos los demás aspirantes a delator, por el contrario, serán los primeros en ser sancionados. Las complicidades se festejan en la abundancia y denuncian cuando están comprometidas. Finalmente, el que delata primero, gana y que lo que el crimen ha unido, el crimen lo separe.
X: @LBartoliniE