El parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó el martes, en primera instancia, una polémica reforma a la Constitución que prohíbe la participación de los partidos opositores en las elecciones y alarga el periodo presidencial de seis a siete años, en medio de críticas del gobierno de Estados Unidos y otros países de la región.
La reforma, promovida por los copresidentes Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, fue aprobada en primera legislatura. Según adelantó Murillo el lunes, la enmienda será ratificada a partir del 18 de enero en segunda legislatura, ya que la ley del país estipula que los cambios a la Constitución deben ser aprobados en dos periodos parlamentarios.
La reforma también extiende de seis a siete años los periodos de los copresidentes y otros cargos de elección popular, así como de los jefes del Ejército y la Policía.
A mediados de julio, Ortega afirmó públicamente que "no volverá a haber elecciones" en Nicaragua para evitar que los opositores "atrapen el Gobierno" nuevamente.
Varios países centroamericanos así como Bolivia, Brasil y Chile criticaron las declaraciones de Ortega considerándolas un nuevo retroceso democrático, mientras Estados Unidos instó a la comunidad internacional a aislar al gobierno nicaragüense y Panamá retiró a su embajador en Managua.
En 2024, el oficialismo aprobó una reforma que extendió el periodo presidencial de cinco a seis años y elevó a Murillo, entonces vicepresidenta del país, al cargo de copresidenta. También aplazó para fines de 2027 los comicios presidenciales que debían realizarse a fines de este año.
Ortega, un exguerrillero izquierdista, asumió en enero de 2022 su cuarto mandato consecutivo tras ganar unas polémicas elecciones en noviembre del año anterior. Próximo a cumplir 81 años, Ortega ayudó a derrocar a la dictadura de la familia Somoza a fines de la década de 1970 y, con casi dos décadas en el poder, es el líder que más años lleva en el cargo en América.
Nicaragua atraviesa una grave crisis política desde abril de 2018, cuando el Gobierno reprimió una serie de protestas antigubernamentales dejando como saldo más de 300 fallecidos, miles de heridos, el cierre del espacio cívico y político, un éxodo masivo de nicaragüenses y la consolidación de un modelo político autoritario.